Alerta para ação: No Brasil, direitos das mulheres estão ameaçados

As Jornadas Brasileiras pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro lançam uma petição virtual contra ameaças aos direitos das mulheres, em especial, contra o Estatuto do Nascituro. Acesse e assine: http://jornadaspeloabortolegal.fw2.com.br

Queremos alertar para o fato de que no dia 19 de Maio de 2010, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal de Deputados no Brasil aprovou o projeto de lei 478/2007, que visa estabelecer os direitos dos embriões (chamados, nascituros). Esse projeto, conhecido por Estatuto do Nascituro, baseia-se na crença que a vida tem início desde a concepção, ou seja, mesmo antes do ovo ser implantado no útero.

 Esse projeto de lei viola claramente os Direitos Humanos e reprodutivos das mulheres, pois, ao estender as hipóteses de ilegalidade do aborto, ignora a relação de causa e efeito entre a ilegalidade do aborto, os altos índices de abortos inseguros, e as altas taxas de morbidade e mortalidade materna no Brasil, e põe em risco a saúde física e mental, e mesmo a vida, das mulheres.

Este projeto se for aprovado, pode acarretar conseqüências negativas para outros países da América Latina, aumentando as barreiras já existentes ao acesso das mulheres ao aborto seguro nos casos previstos em lei, contribuindo para enfraquecer os esforços relativos ao avanço de reformas legislativas em processos democráticos, que façam avançar para a proteção e garantia dos direitos reprodutivos.

Camapnha Jornadas

7 Comentários

Arquivado em Estado laico, Nota pública

Toda mulher é uma criminosa em potencial?

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Leia os 10 motivos pelos quais o Estatuto do Nascituro viola os direitos das mulheres e assine a petição virtual.

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“El aborto terapéutico es ético”

Fonte: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador | Elespectador.com

“No comparto argumentaciones del Procurador”, dice el padre Novoa. / Óscar Pérez

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Los deberes éticos que nacen de la teología se le pueden imponer a una sociedad entera?

Padre Carlos Novoa- No, de ninguna manera. El Concilio Vaticano II, del cual vamos a celebrar en 2012 los 50 años de su iniciación, mencionó expresamente la libertad religiosa. En la declaración Dignitatis humanae (Dignidad humana) el santo Concilio dice, acerca de la libertad religiosa, que a ninguna persona se le puede imponer una religión. Dicho de otra manera, a nadie se le puede violentar su conciencia, mucho menos en materia de asuntos religiosos. Adicionalmente, la Constitución del 91 que estableció que Colombia es un Estado Social de Derecho, también declaró que es un Estado no confesional. Estos son los marcos de la discusión sobre el aborto.

C.O.T.- ¿Se puede violentar la conciencia de otros con el argumento de que priman las creencias religiosas del grupo más numeroso o el más poderoso?

P.C.N.- Jamás se puede violentar la conciencia del otro.

C.O.T.- ¿Usted está de acuerdo con el proyecto primero legislativo, y en el futuro mediante referendo, que pretende hacer aprobar la prohibición absoluta de la práctica del aborto en contravía de una decisión de la Corte Constitucional?

P.C.N.- Evidentemente la sociedad civil tiene derecho a debatir todos sus puntos de vista y a los católicos también nos asiste el derecho de intervenir, aunque no con argumentaciones religiosas. Pese a que como dice el gran maestro de la ética contemporánea Jürgen Habermas, hay que oír las religiones, esta discusión debe ser secular. Como sacerdote y al mismo tiempo como hombre de ciencia, resumiría la situación del debate sobre el aborto diciendo que estamos cargando las tintas donde no hay que cargarlas…

C.O.T.- ¿Por qué?

P.C.N.- Porque el problema del aborto no se soluciona con la prohibición ni encarcelando a nadie. No podemos manejar de cualquier manera lo que implica ese drama, ni podemos asimilarlo a un homicidio que se comete con premeditación y alevosía. Ese planteamiento no tiene presentación desde la óptica de la ética teológica, de la ética filosófica o de la jurisprudencia, porque en la mayoría absoluta de los casos el aborto es un drama que se presenta cuando las mujeres se quedan sin otra alternativa.

C.O.T.- Esa afirmación en labios de un sacerdote católico suena fuerte. ¿Es su opinión personal o tiene un fundamento teórico que lo sustente?

P.C.N.- Claro que sí: de nadie más ni nadie menos que Juan Pablo II. En su encíclica Evangelium vitae (Evangelio de vida, N° 17) dice textualmente: “Las opciones contra la vida —entre ellas el aborto, añado yo— proceden, a veces, de situaciones difíciles o incluso dramáticas de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, depresión y de angustia por el futuro. Estas circunstancias pueden atenuar incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad de quienes hacen estas opciones en sí mismas moralmente malas”. Así que desde la concepción de Juan Pablo II no se puede ver el drama del aborto simplemente con soluciones de cárcel, de penalización o de castigo.

C.O.T.- Cuando usted dice que “se están cargando las tintas” en donde no hay que hacerlo, ¿se refiere a la “atenuación de la responsabilidad” de la que habla Juan Pablo II en la cita que menciona?

P.C.N.- Exactamente. No conozco a la primera mujer a la que le encante abortar. Creo que todos estamos de acuerdo en que el aborto no es ideal. Pero hay que comprender humanamente “las situaciones difíciles o incluso dramáticas y de profundo sufrimiento” que enfrenta una mujer angustiada y sola.

C.O.T.- ¿Cuál es su opinión sobre los promotores del proyecto de prohibición y penalización total del aborto que ahora intentarán hacer un referendo?

P.C.N.- Hay que decir la verdad: tenemos entre los promotores de ese proyecto a un grupo de personajes de la más dudosa reputación. Ellos son como el diablo que pretende hacer hostias. No sé con qué cara los señores del PIN, a los que conoce bien la opinión pública, hablan de ética. Concreto más: ¿qué autoridad moral tienen algunos de los actuales congresistas del Partido Conservador para meterse a agitar esa bandera? Por ejemplo, ¿qué hace ahí el señor Corzo que se quejaba hace unos días de que no tenía dinero para la gasolina de su vehículo y el de sus escoltas, mientras que Planeación sostiene que quien gane $190.000 al mes está por encima del nivel de pobreza? ¡Qué cinismo el de los partidos que votaron por ese proyecto y que simultáneamente tienen a varios de sus miembros encarcelados por la narcoparapolítica!

C.O.T.- ¿Cree que los prohibicionistas están buscando limpiar su imagen ante la población creyente del país?

P.C.N.- Claro que lo creo. Esos políticos quieren lavarse la cara y aparecer como muy católicos y cristianos para recoger votos a costa del dolor de muchas mujeres.

C.O.T.- Los extremismos de cualquier creencia, ¿promueven o le hacen daño a la religión?

P.C.N.- Les hacen daño no sólo a las religiones, sino también a la sociedad.

C.O.T.- ¿Qué reflexión se hace usted ante el hecho de que el gran promotor de ese proyecto sea el procurador general de la Nación, que parece velar por los derechos sólo de aquel sector de la población que comparte creencias con él?

P.C.N.- No comparto muchas de las argumentaciones del procurador, pero es necesario hacer una claridad: nadie quiere incentivar la práctica de los abortos. Todos estamos de acuerdo en que es un drama que hay que evitar. Hay una gran polémica sobre el momento en que surge la vida humana y yo, como hombre de ciencia, no me puedo cerrar a la discusión y tengo que reconocer que hay argumentos muy serios en uno y otro sentido. Sin embargo, usted lo ha señalado: el problema de fondo es que se está moviendo una agenda muy sutil de tergiversación de la sensibilidad católica.

C.O.T.- ¿Cuál de las posiciones sobre el momento en que hay vida humana asume usted?

P.C.N.- La de la Iglesia, que dice que hay vida desde la fusión del óvulo y el espermatozoide, que es, al mismo tiempo, una postura científica seria dentro de muchas otras. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el aborto y eso debe quedar claro. Pero al mismo tiempo, tampoco estoy de acuerdo con el encarcelamiento y castigo para las mujeres que abortan.

C.O.T.-. Vuelvo al tema del procurador: con su autoridad, él ejerce presión sobre la conciencia de las mujeres, pero también sobre las de los médicos y las clínicas a los que, además, amenaza con investigaciones. El ejercicio del poder en esas condiciones, ¿no llega a ser abusivo y en consecuencia inmoral?

P.C.N.- En términos generales, diría que no se debe cultivar un ejercicio punitivo del poder ni tampoco incentivar las caserías de brujas frente a todas las situaciones de conflicto, como es el tema del aborto. En concreto, pienso que no es papel del procurador imponer posturas éticas en temas absolutamente polémicos. En este sentido, se daría un abuso de autoridad y de poder.

C.O.T.- ¿Un tema con tantas implicaciones científicas y de salud pública puede decidirse en un referendo popular?

P.C.N.- Esa respuesta no se puede dar en sentido general, sino que es necesario ubicarse en el momento cultural colombiano. Si hubiera educación sexual integral de la población en sus tres niveles, es decir, el psicológico, el fisiológico y el espiritual, la gente sería capaz de decidir con pleno conocimiento del tema. Lamentablemente la situación en Colombia no es la ideal para plantear ese tipo de problemas en las urnas.

C.O.T.- La Corte ha dicho, y se mantiene vigente su orden, que es posible abortar en tres casos específicos…

P.C.N.- Hay que afinar el argumento que algunos tergiversan: la Corte lo que ha hecho es despenalizar el aborto en tres situaciones extremas: violación, malformación y pocas posibilidades de vida del feto, o peligro para la vida de la madre. No es cierto que haya dicho que el aborto es legal.

C.O.T.- ¿Usted está de acuerdo con esa sentencia de la Corte?

P.C.N.- Es una pregunta muy compleja. A la comunidad católica no le resulta clara esa sentencia de la Corte Constitucional. Como sacerdote tengo que decir que no estoy de acuerdo, pero como ciudadano pienso que es respetable.

C.O.T.- ¿Cómo se resuelve el dilema desde el punto de vista de la ética teológica: la vida de la madre o la vida del hijo? ¿Es preferible que ella muera para que viva el hijo?

P.C.N.- Técnicamente hablando, usted está refiriéndose al aborto terapéutico que es el que se practica por razones médicas. Por ejemplo, un embarazo extrauterino, o sea el que se desarrolla en las trompas de Falopio, pone en riesgo la vida de la mujer. Pero del otro lado allí hay vida humana, según corrientes muy serias de la biología, la genética y la medicina. Su pregunta entra, entonces, en un campo muy delicado de la ética que tiene que ver con el bien moral más valioso, el de la vida humana que hay que proteger de manera especial. No obstante, ese bien no es un absoluto. Por eso se puede decir que el aborto terapéutico es ético.

C.O.T.- ¿Cómo así que la vida humana no es un bien absoluto?

P.C.N.- Un absoluto ético es aquel horizonte contra el cual yo no puedo actuar jamás. Los absolutos éticos en el consenso mínimo universal son la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Personales y Sociales de 1948: la dignidad de la persona humana y la solidaridad. Nadie puede actuar en contra de esos absolutos. En cuanto a la vida humana, debo protegerla, pero hay ciertos momentos en que puedo actuar contra ella. Por ejemplo, en legítima defensa personal. O en el ejercicio del monopolio de las fuerzas por parte del Estado, aunque ajustado, claro está, al Derecho Internacional Humanitario. O por una causa superior, como la de Jesucristo, que puso en peligro su propia vida por la humanidad. En esos momentos surge un paradigma ético que consiste en la ponderación de los bienes morales, en este caso, el de la vida del cigoto y el de la vida de la madre. Prima el de la madre.

C.O.T.- ¿Es éticamente aceptable que una mujer violada quiera abortar?

P.C.N.- En ese caso nos encontramos con las situaciones límite de que nos habla Juan Pablo II. Yo la invitaría, la comprendería y le pondría terapia psicológica para que se quede con la vida. Le proporcionaría soluciones de última instancia, como la adopción. Pero en última instancia es ella quien tiene que decidir en conciencia lo que va a hacer. Lo dice el Concilio y lo dice la Constitución de Colombia.

C.O.T.- Un médico católico común y corriente, que trabaja en un hospital público, ¿cómo debe actuar cuando llega una mujer para que le practique un aborto?

P.C.N.- Debe examinar, oír a su conciencia y decidir.

C.O.T.- ¿Cómo se decide en conciencia?

P.C.N.- Cuando yo respeto la dignidad humana y cuando soy sinceramente solidario, todos mis comportamientos se orientan a las opciones que se toman en conciencia. Evidentemente si el médico es católico no va a creer que el aborto es el camino ideal, pero podrá evaluar si está ante una mujer que —parafraseando a Juan Pablo II— se encuentra en “una situación difícil o incluso dramática, de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, de presión y de angustia por el futuro”. Esas circunstancias pueden atenuar “incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad” del médico frente a esa tragedia terrible que es el aborto.

Aborto, un tema para el campo constitucional

El padre Carlos Novoa es licenciado en Teología y en Filosofía, con maestría y doctorado en Ética. Se especializó en ética sexual y en ética económica-política. Es profesor investigador en las facultades de Teología, Economía, Arquitectura y en el doctorado de Derecho. Ha publicado 13 libros y 50 artículos especializados.

C.O.T.- ¿Los lectores no creyentes pueden interesarse en sus respuestas?

P.C.N.- De una parte soy un hombre de ciencia y, de la otra, un sacerdote. No me puedo abstraer de lo uno o de lo otro, pero sí sé cuidar bien las diferencias.

C.O.T.- ¿Un teólogo estudia la ética desde el punto de vista de los creyentes?

P.C.N.- Esta ciencia tiene dos vertientes: una teológica, que evidentemente es para los creyentes, y una filosófica. Ambas son autónomas. He estudiado las dos y por eso sé que desde la ética teológica se les pueden hacer propuestas a los no creyentes. Éstos se mueven en la esfera de la ética filosófica.

C.O.T.- ¿Cuál de esas dos es pertinente para discutir el intrincado tema del aborto?

P.C.N.- En ese debate, que tenemos que resolver dentro del consenso constitucional, la única ética que cabe es la filosófica.

“Aman tanto la moral que tienen dos”

C.O.T.- Los políticos ultraconservadores que posan de religiosos, ¿representan a los católicos?

P.C.N.- Van a contrapelo del núcleo del catolicismo que es el Evangelio. No me parece católica alguien dedicado al robo del erario o al narcoparamilitarismo. El Evangelio dice: “No he venido a buscar la muerte del pecador, sino a que se convierta y viva”. La perspectiva católica auténtica no consiste en castigar a las personas que están en dificultades. Usted no se imagina cuántas mujeres nos buscan a los sacerdotes para confiarnos el drama que viven. Y encima proponemos meterlas a la cárcel. Esa actitud no tiene nada de cristiana.

C.O.T.- De todas maneras, ellos se tomaron las banderas del catolicismo…

P.C.N.- Como dice Daniel Samper Ospina, esos personajes aman tanto la moral que tienen dos. ¿Por qué en vez de promover proyectos punitivos no le metemos una plata a un gran programa nacional de educación sexual? O, ¿no destinamos esfuerzos y recursos a disminuir una de las grandes causas del aborto que es la pobreza? ¿Por qué no atacamos las causas sociales que provocan, según cifras del Ministerio de la Protección Social, 300 mil abortos clandestinos al año, 70 decesos anuales y 132 mil víctimas de traumas físicos?

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Audiência pública discutirá os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres

Uma audiência pública discutirá os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no âmbito da Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher do Senado Federal, no próximo dia 18 de agosto (quinta-feira) a partir das 09h, no Auditório Petrônio Portela do Senado Federal. Será seguida da Plenária da Frente Nacional pelo Fim da Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, composta por militantes, redes e organizações dos movimentos feministas e de mulheres, além de movimentos sociais e simpatizantes autônomos/as de diferentes setores da sociedade.

Durante a Plenária, haverá um amplo debate da Plataforma da Frente cujo lema é “Nenhuma mulher deve ser presa, maltratada ou humilhada por ter feito aborto!”, a definição de ações futuras e ato de novas adesões. Além disso, haverá olançamento da publicação: “Advocacy para o acesso ao aborto legal e seguro: semelhanças no impacto da ilegalidade na saúde das mulheres e nos serviços de saúde em Pernambuco, Bahia, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro”.

A iniciativa da criação da Frente Nacional pelo Fim da Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto – lançada em setembro de 2008 em um ato público na cidade de São Paulo – partiu dos movimentos feministas e de mulheres com o objetivo de organizar e dialogar com os demais movimentos sociais e setores democráticos da sociedade, a fim de denunciar e barrar a crescente criminalização das mulheres, bem como avançar na luta por autonomia e na mudança da legislação que criminaliza as mulheres.

O Grupo impulsor da Frente Nacional pelo Fim da Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto é composto por Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB, Consulta Popular, Marcha Mundial de Mulheres, Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT – Central Única dos Trabalhadores, Jornadas Brasileiras pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro, Liga Brasileira de Lésbicas – LBL, Rede Nacional Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – RFS, União Brasileira de Mulheres – UBM, Católicas pelo Direito de Decidir, Coletivo Nacional de Mulheres do PSOL e Secretaria de Mulheres do PT.

 

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Campanha argentina pela não criminalização das mulheres

Feministas e representantes de diversos movimentos/segmentos sociais lançam mobilização para que a negação do direito ao aborto legal seja considerada um delito. Para saber mais, acesse:

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Fornecedores de abortivos quase sempre estão ligados a farmácias

Por Renata Mariz – Correio Braziliense

Pessoas de referência da comunidade, que atuaram ou ainda atuam em balcões de farmácias, passam instruções de como usar o medicamento muitas vezes em pedaços de papel improvisados e garantem que tudo dará certo representam uma face dos vendedores de abortivos no país. Elas também assediam sexualmente suas “clientes”, recusam-se a socorrê-las quando enfrentam complicações e as desestimulam a procurar ajuda médica. Os dados, levantados pela pesquisa Quando o aborto se aproxima do tráfico, realizada pela Universidade de Brasília (UnB) e pela Anis — Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, revelam o perfil de um agente importante na prática clandestina de interrupção da gravidez.

As informações vêm da análise minuciosa de 10 processos judiciais e inquéritos policiais contra mulheres e vendedores denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal. Devido à metodologia aplicada, o estudo ganhou aval da revista científica Ciência & Saúde Coletiva, onde será publicado. Somente um caso, entre as peças pesquisadas, refere-se ao fornecedor ou traficante. O restante alcançou no máximo o “vendedor de Cytotec”, como o intermediário geralmente é conhecido pela comunidade. A análise mostrou também que o vendedor quase sempre comercializa outros produtos proibidos, como estimulantes sexuais, anabolizantes e drogas emagrecedoras.

Em um único caso, foram encontradas armas e munições no depósito do vendedor do abortivo. Para a Polícia Federal (PF), o dado não é surpreendente. “Sabemos que a maior parte desses medicamentos proibidos no Brasil vem do Paraguai e entra por portos e aeroportos com outras coisas, como drogas, armas e munições”, ressalta Josemauro Pinto Nunes, da coordenação da Unidade de Repressão ao Contrabando e Descaminho da PF. As mulas (pessoas que trazem do país vizinho os objetos contrabandeados), explica o delegado, são financiadas por redes criminosas. “A gente sabe disso porque, quando são pegos na fronteira e chegam à delegacia, já têm um advogado lá, à espera.”

Além do risco inerente ao contato com a clandestinidade, ao comprarem o abortivo sem procedência, muitas vezes vendido em envelopes, a preço 30 vezes superior ao valor de mercado em países onde são legais, as mulheres cujas histórias foram analisadas na pesquisa da UnB/Anis mostram outras vulnerabilidades.

Em um dos casos estudados, onde constam até escutas telefônicas, o vendedor insinua levar a mulher a um motel, “dar um trato” nela e depois inserir os comprimidos com o próprio pênis. Foi também registrada a coação do intermediário para que a mulher, sangrando sem parar, não procurasse socorro. O marido, em depoimento, repetiu as palavras do vendedor: “(Ele disse que) era assim mesmo (…), que não voltaria naquele momento, pois estava ocupado”. A esposa morreu em menos de uma semana.

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Aumentam processos contra mulheres de baixa renda que fizeram aborto

Por Renata Mariz – Correio Braziliense

Embora uma em cada sete mulheres, de todas as classes sociais, tenha feito aborto no Brasil, conforme atestam dados oficiais, apenas a parte mais frágil desse contingente é processada como criminosa. O artigo 124 do Código Penal, que estabelece pena de um a três anos de reclusão para quem interrompe de forma voluntária a própria gestação, parece existir somente para rés com pouca escolaridade, que trabalham como empregadas domésticas, muitas com filhos e quase todas vivendo com namorados ou maridos. Elas tomam a decisão com seus companheiros, submetem-se à clandestinidade na hora de comprar os abortivos, os usam conforme instruções escritas muitas vezes à mão pelo vendedor. Diante de uma complicação, vão ao hospital público, de onde saem indiciadas.

O perfil dessas mulheres e como chegam às mãos da Justiça, questões até então desconhecidas, foram reveladas por um estudo realizado pela Universidade de Brasília (UnB) e pelo Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (Anis), com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Intitulada Quando o aborto se aproxima do tráfico, a pesquisa analisou 10 processos judiciais e inquéritos policiais contra mulheres e vendedores de abortivos denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal entre 2006 e 2010. Recentemente, o trabalho ganhou aval científico, referendado pela revista Ciência & Saúde Coletiva, que prevê sua publicação em breve.

Entre as sete mulheres, todas moradoras do DF, indiciadas nos 10 processos analisados, 70% nasceram em cidades do interior do Norte ou do Nordeste e tinhamcompanheiro fixo. A escolaridade de nenhuma passa do ensino fundamental e as atividades desempenhadas vão de domésticas a funcionárias do comércio. “Não há uma menina universitária ou de classe média. Elas não fazem aborto?”, indaga a antropóloga Debora Diniz, uma das autoras da pesquisa. Para a estudiosa, além da penalização da mulher menos favorecida do ponto de vista econômico e social, o estudo traz outro dado alarmante: a morte de duas delas. Segundo Debora, o dado precisa ser compreendido de maneira séria: “São duas entre sete, é uma taxa alarmante. Os processos revelam que elas morreram porque demoraram muito a procurar ajuda devido ao medo de serem denunciadas”.

Foi também o medo que levou Fabiana*, 33 anos, a sangrar sozinha, sem ajuda médica. Depois de tomar duas vezes o medicamento, sem conseguir finalizar o aborto, ela, há oito anos, pegou um empréstimo e foi para uma clínica fora de Brasília. “Eu não podia procurar um hospital. Querendo ou não, é um crime. Tive que levantar dinheiro para conseguir outra alternativa”, conta a profissional da área de eventos, que já era mãe de um menino quando decidiu pelo aborto. “Estava em um namoro ainda recente, fiquei pensando como eu ia criar mais um filho, no quanto minha família ia me recriminar. Então, resolvi comprar o remédio. Procurei algumas amigas e logo consegui os comprimidos, que não surtiram efeito.”

Longe da meta
Na clínica clandestina, Fabiana recebeu o tratamento humanizado a que qualquer mulher que chega em uma emergência, depois de ter feito um aborto, tem direito. No Brasil, a média de curetagens por ano na rede pública é de 200 mil. O Ministério da Saúde não sabe dizer quantas são em pacientes que tiveram aborto espontâneo ou não. Mas há um dado alarmante que as autoridades reconhecem. Anualmente, morrem 75 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos. O índice está muito acima dos 20 óbitos preconizados como razoável pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Pior é que a taxa se mantém praticamente estável desde 2002, variando entre 72 e 75 mortes, registradas em 2007, dado mais atualizado do governo federal.

Para Helvécio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o aborto ilegal é um componente da mortalidade materna, mas não o principal. “Não há como termos certeza das razões das mortes devido ao problema da subnotificação. Entretanto, a hipertensão, a diabetes e a hemorragia correspondem ao grosso dos óbitos”, ressalta Magalhães. Questionado sobre as chances reais de conseguir cumprir a meta do milênio, segundo a qual o Brasil deve chegar a 2015 com 20 mortes por 100 mil nascidos vivos, ele destaca que a pasta está “trabalhando duro com ações e investimentos maciços” na área. Magalhães afirmou, entretanto, que a descriminalização do aborto não está na agenda do governo federal. “Discutir o marco legal não nos interessa”, afirma.

Internação
Financiada pelo Fundo Nacional de Saúde, a Pesquisa Nacional sobre Aborto (PNA), levantamento mais completo sobre o tema no país, mostrou que 15% das mulheres entre 18 e 39 anos já realizaram aborto uma vez na vida. Do total, 48% delas usaram medicamentos abortivos e 55% necessitaram de internação hospitalar por complicações. Não foram demonstradas diferenças significativas entre as religiões declaradas pela entrevistadas — 15% são católicas, 13% declararam-se evangélicas, 16% responderam ter outras crenças. O restante não tinha religião ou não respondeu.

Não é crime
Só duas situações descaracterizam o aborto como um crime: quando não há outro meio para salvar a vida da mãe ou quando a gravidez resulta de estupro. Dados do Ministério da Saúde mostram um declínio no número de interrupções permitidas. Em 2008, foram 3.285, passando para 1.686 em 2010.

* Nome fictício a pedido da entrevistada

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A infantaria antiaborto

Por Rodrigo Martins – Carta Capital

DIREITOS CIVIS – No Congresso, há mais projetos para aumentar as punições e
restringir a opção da mulher do que o contrário

Desde o fim da ditadura, a pauta antiaborto nunca esteve tão forte no
Con­gresso. Ao todo, há 30 projetos de lei que, entre outras medidas, pedem
a inclusão do aborto no rol de crimes hediondos, o endurecimento das penas
aplicadas às mulheres que inter­rompem a gravidez ou aos profissionais de
saúde que as auxiliem, bem como a ofer­ta de pensão à mãe que abdicar do
direito de abortar em caso de estupro ou o reco­nhecimento da vida desde a
concepção, o que, em tese, inviabiliza as pesquisas com células-troco
embrionárias, liberadas pelo *Supremo Tribunal Federal* em 2008.

Na outra ponta, apenas um projeto prevê uma legislação mais branda.
Apre­sentado em 2004, ele admite o aborto em caso de anomalia fetal, tema
sobre u qual o STF deve se pronunciar antes do Legislativo. Nenhuma proposta
prevê o abortamento sem restrições dentro de determinado tempo gestacional,
como ocorre nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa Ocidental
Além disso. após a conturbada eleição de 2010, o governo federal decidiu
retirar-se de qualquer discussão sobre mudanças no marco regulatório. “A
sociedade brasileira não amadureceu o debate sobre o tema e não faz sentido
propor mudanças na lei a favor da descriminalização do aborto. Tampouco
vamos compartilhar de qual­quer agenda que proponha endurecimen­to de penas
ou reforce a lógica punitiva”, diz o secretário nacional de Atenção à Saúde,
Helvécio Magalhães. “Nosso foco é investir no planejamento familiar e
orientar a rede pública a oferecer atendi­mento humanizado às mulheres que
abortaram, independentemente de a prá­tica ter sido legal ou não.”

Diante do avanço da agenda conser­vadora, pesquisadores e movimentos
fe­ministas organizam um abaixo-assinado contra o que chamam de “retrocesso
em matéria de direitos sexuais e reproduti­vos”. Questionam, sobretudo, a
tentati­va de acrescentar ao artigo 5° do texto constitucional a expressão
“desde a con­cepção” na parte que trata da inviolabili­dade do direito à
vida. A iniciativa, ava­liam, “pode criar barreiras desnecessá­rias para o
acesso à contracepção e à an­ticoncepção de emergência.”

A medida está contemplada no pro­jeto do Estatuto do Nascituro, que pre­vê a
possibilidade de o Poder Executivo conceder pensão à mãe que mantenha a
gravidez decorrente de estupro até que o filho complete 21 anos. O texto,
re­latado pela deputada Solange Almei­da (PMDB-RJ) na Comissão de
Seguri­dade, encontra-se agora na banca de Fi­nanças. “A sociedade está
dizendo que não aceita o aborto”, observou a relatora.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro preparou, porém, um
pa­recer contrário ao projeto para apresen­tar ao Congresso em breve. “A
propos­ta atropela princípios ético-jurídicos e legitima a violência contra
a mulher, ao se propor que ela seja ‘paga’ pelo Estado para ter um filho
gerado por estupro”, diz Maíra Fernandes, presidente da co­missão de
bioética da *OAB*- RJ.

De acordo com Sônia Corrêa, pesqui­sadora associada da Associação
Brasilei­ra Interdisciplinar de Aids, as iniciativas não são novas. Em 1988,
grupos conser­vadores haviam tentado, em vão, incluir no texto da
Constituição a “inviolabili­dade do direito à vida desde a concep­ção”. Em
1995, a bancada religiosa apre­sentou proposta de emenda constitucio­nal
para, outra vez, tentar criminalizar o aborto em qualquer circunstância. A
PEC foi rejeitada em abril de 1996, com 351 votos contra e 33 a favor. Em
2003, o ex-deputado Severino Cavalcanti fez nova proposta com teor
semelhante, ar­quivada em 2007. “Parlamentares católi­cos, evangélicos e
espíritas se unem nes­sa pauta e, a cada legislatura, reapresen­tam projetos
outrora rejeitados”.

Entre 2004 e 2005, o presidente Lu­la encampou o debate com a formação de
uma comissão tripartite, com repre­sentantes do Executivo, do Legislativo e
da sociedade civil. O comitê propôs uma legislação que permitia o aborto até
os três primeiros meses de gestação. Des­gastado com as denúncias do
mensalão, o governo recuou na hora de apresentar o texto ao Congresso. Coube
à deputa­da Jandira Feghali (PCdoB-RJ) bancar a proposta na forma de projeto
substituti­vo, que acabou arquivado.

“A lei pretende inibir o aborto, mas isso não ocorre na prática. Trata-se de
uma po­lítica criminal inócua. A mulher interrom­pe a gravidez de qualquer
jeito, em clíni­cas clandestinas ou sozinha. Isso expõe a mãe a riscos
desnecessários, sobretudo as mais pobres”, comenta o advogado Pedro
Abramovay, secretário nacional de *Justiça* à época em que o projeto foi
apresentado.

Todos os anos, o Sistema Único de Saúde interna mais de 200 mil mulheres
para realizar curetagens ou tratar com­plicações decorrentes de abortos, boa
parte deles, senão a maioria, por proce­dimentos não autorizados pela lei.
Os abortos mal-sucedidos matam 3,4 mu­lheres para cada 100 mil nascidos
vivos e são uma das cinco principais causas de morte materna do País. Além
disso, estu­do da Universidade de Brasília (UnB), di­vulgado em 2010, revela
que uma em ca­da cinco brasileiras já abortou na vida. Dentre elas, 29% têm
mais de 30 anos, 64% são casadas e 81% têm filhos.

“Até quando vamos fingir que esse pro­blema de saúde pública não existe?”,
per­gunta a advogada Beatriz Galli, integran­te do Comitê Latino-Americano e
do Ca­ribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. “Hoje, em Mato Grosso do
Sul, continuam a ocorrer mais de mil processos contra mulheres que
realizaram abortos desde o estouro de uma clínica clandestina em 2007, todas
ela perseguidas após a polícia violar o sigilo dos prontuários médicos.”

A persistência dessa lógica punitiva, avalia Galli, representa um
descumpri­mento de acordos assumidos pelo Bra­sil, como as diretrizes
aprovadas pelas Nações Unidas nas Conferências do Cai­ro (1994) e de Pequim
(1995), nas quais os países assumiram o compromisso de en­carar o aborto
como tema de saúde públi­ca e de rever as leis punitivas. Hoje, 61% da
população mundial vive em nações que preveem o aborto sem restrições até
certo período da gestação, segundo o Center for Reproductive Law and Pai
ice.

Com o crescimento da bancada religio­sa no Congresso – que aumentou sua
re­presentação em mais de 50% nas últimas eleições -, a perspectiva de
legalização do aborto está distante. “A Frente Parlamen­tar em Defesa da
Vida está inundando a Câmara de projetos retrógrados para evi­tar qualquer
ampliação do debate. A ver­dade é que os deputados mais progressis­tas se
sentem até acuados, porque somos rotulados como assassinos por muitos
co­legas”, reclama o deputado Dl’. Rosinha (PT-PR). “Sou cristão e contra o
aborto. Mas não faço legislação para mim.”

“A esperança, agora, é com o avanço desse debate nos demais países da
Amé­rica Latina. A Cidade do México liberou o aborto recentemente. A
Argentina es­tá prestes a votar uma legislação mais permissiva. Espero que o
Brasil siga o exemplo dos países vizinhos e pare de criminalizar as
mulheres”, avalia Maria José Rosado, da ONG Católicas pelo Di­reito de
Decidir.

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